Los tres exdirectivos de Tokyo Electric Power (TEPCO) que serán procesados por su rol en la crisis originada por el terremoto y tsunami del 11 de marzo de aquel año son Tsunehisa Katsumata, de 75 años y presidente de la compañía en el momento del accidente, y los exvicepresidentes, Sakae Muto, de 65, e Ichiro Takekuro, de 69.
Aunque no la hizo pública hasta este viernes, este comité de investigación judicial, compuesto por ciudadanos, tomó la decisión el pasado 17 de julio argumentando que los tres "no tomaron medidas preventivas pese a conocer el riesgo de un gran tsunami". El grupo de afectados que los demandó considera que el accidente en Fukushima, cuyos reactores sufrieron fusiones parciales tras perder el sistema de refrigeración, expuso a aquellos que residían alrededor a emisiones muy radiactivas. También, que provocó la muerte de varios pacientes ingresados en hospitales cercanos a la planta cuando éstos debieron ser evacuados de manera forzosa.
Las emisiones y vertidos de agua contaminada producto del accidente, el peor desde el de Chernóbil (Ucrania) en 1986, aún mantienen desplazadas a miles de personas que vivían junto a la planta y han causado daños millonarios a la agricultura, la ganadería, la pesca, y otros muchos sectores de la economía local. El grupo de afectados presentó una primera denuncia penal en 2012 con el argumento de que los ejecutivos siguieron operando Fukushima Daiichi sin tomar medidas para garantizar la seguridad de la planta pese a conocer los riesgos y también que las autoridades se lo permitieron. Entre las 42 personas incluidas en esa denuncia, se contaban los tres directivos y también el que fue primer ministro nipón durante el estallido de la crisis, Naoto Kan. Pero la fiscalía del distrito de Tokio decidió en septiembre de 2013 no presentar cargos al considerar que era muy difícil prever la escala del tsunami que golpeó la central.
Descontentos con la decisión, los demandantes solicitaron un análisis más exhaustivo y recurrieron a este comité de investigación, un órgano raramente usado en Japón, compuesto por 11 ciudadanos anónimos que rotan cada seis meses y al que se recurre si se está insatisfecho con la labor fiscal. En 2014 el panel ciudadano votó a favor de imputar a los tres exejecutivos, lo que obligó a la fiscalía a replantearse su decisión primero y a desechar el dictamen posteriormente en enero. El comité insistió en proseguir su investigación y el pasado 17 de julio votó por segunda vez a favor del procesamiento lo que, de acuerdo a una reforma normativa que entró en vigor en 2009 en Japón, resulta en la "imputación obligatoria" del sospechoso o sospechosos. El órgano considera probado que los directivos de TEPCO tenían constancia desde hacía años a través de diversos informes que la central no contaba con suficientes medidas de seguridad para protegerla del impacto de un tsunami de grandes dimensiones y que aún así la planta siguió operando con normalidad.
Las estimaciones que se les hicieron llegar hablaban de la posibilidad de que en la región donde se sitúa la central, una zona con un dilatado historial de movimientos sísmicos de gran magnitud, se podía registrar un tsunami de hasta 15,7 metros (se cree que algunas de las olas del 11 de marzo superaron esa altura). "Espero que de ahora en adelante podamos aclarar la verdad sobre el accidente en los tribunales y que los juicios se realicen de forma justa", manifestó hoy a los medios niponas la portavoz del grupo denunciante, Ruiko Muto. "Es un accidente nuclear grave y unas 110.000 personas evacuados aún no pueden regresar a sus casas. Las víctimas que hemos luchado con indignación y tristeza para lograr que se abra una causa penal tenemos hoy por fin la sensación de que hemos cumplido un objetivo", añadió en declaraciones recogidas por NHK.
TEPCO por su parte, emitió un comunicado en el que no quiso pronunciarse sobre el caso. Se limitó a decir que "seguirá trabajando para reforzar la seguridad" en su central de Kashiwazaki-Kariwa, que permanece apagada a raíz del accidente de 2011, y en Fukushima, donde los técnicos luchan a diario para desmantelar de manera segura las instalaciones, algo que llevará de tres a cuatro décadas.
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